10 febrero, 2011

CONSTITUCION: LA NECESIDAD DE RECONDUCIR EL PROCESO.


El 7 de Febrero, se cumple el segundo aniversario de la promulgación de la Nueva Constitución del estado plurinacional de Bolivia.
Esta constitución nace, a partir de la gran marcha de los originarios de tierras bajas, que hace mas de 10 años, marcharon hacia la capital política de Bolivia, pidiendo incluso autodeterminación.
Tuvieron que transcurrir varias jornadas de lucha del pueblo en su conjunto, para conseguir que sea convocada la asamblea constituyente, hecho que incluso se lleva por delante, al último gobierno del MNR, conductor de la revolución nacional el año 1952. La nueva constitución,  en el ideario popular, era una especie de borrón y cuenta nueva, para sus aspiraciones de progreso y bienestar.
El triunfo del MAS en las elecciones nacionales precedentes a la elección de los asambleístas constituyentes, perfila una constitución a gusto y sabor del partido de gobierno, que no dubita en imponer su óptica política, recurriendo incluso a la fuerza, elemento que deslegitimiza el proceso, y dota al país de una constitución con muchas contradicciones y sesgos, que serán utilizados por los que detentan el poder actualmente.
No solo se quiere ver  los defectos, se reconocen las virtudes del proceso; sin embargo, es bueno destacar que en el orden constitucional, que la constitución de 1967 tenía avances en temas sociales y políticos. Sin embargo, machaconamente se quiere hacer creer que, el 2009 se produce un hecho refundacional, algo alejado de la realidad y se puede entender esta lógica pensando que el MAS quiere perpetuarse en el poder, algo que ha sido remarcado muchas veces, por los dirigentes de este partido.
Los sesgos de la actual constitución, llevan a considerar la múltiple reelección del presidente, el nombramiento de autoridades, con solo la mayoría Absoluta de la Asamblea, dejando de lado el criterio de los 2/3, que está en el ordenamiento jurídico de otras repúblicas del mundo y que hacen a las mismas, más transparentes.
En la idea de resolver años de explotación de los pueblos originarios y con la idea de que hay 36 naciones en Bolivia, se plantea una serie de privilegios a dichos pobladores, lo que ha llegado a generar una cierta discriminación contra los otros habitantes del país, situación que ha llevado a enfrentamientos entre bolivianos. Si sumamos a esto, la poca vocación universal de la nueva constitución, que no reconoce  derechos y garantías y se aferra a concepciones de carácter sindical y corporativo que privilegia el pluriculturalismo por encima del multiculturalismo, por la admisión de coincidencias en vez de divergencias y donde la responsabilidad individual, no está por encima del Estado providencial para generar una sociedad democrática, es señal de que no se está frente a una constitución incluyente.
En el ámbito, económico: la estatización de la economía, y la pérdida de su calidad de hecho constitucional de la propiedad privada, hacen que la nueva constitución, sea un freno a la iniciativa privada, para la generación de nuevas fuentes de trabajo. Se delega al estado, todas las tareas que bien  la empresa privada, con un estado regulador fuerte, las podría hacer; para la generación de más riqueza en el país. China está demostrando que esto es posible, ya es la más grande fábrica del mundo y la ortodoxa Cuba, empieza a recorrer ese camino.
Considerando que los sectores populares, originarios, profesionales y empresarios progresistas,  fueron los que impulsaron la gestación de este proceso, deben ser estos mismos, los que den las directrices para reconducir el proceso; para tal efecto, es necesaria la construcción del instrumento político, que haga posible, estos cambios.

Iván V. Selaya Garvizú
Decano de la Facultad Politécnica

TRANSPARENCIA: La UAGRM presente.


El Gobierno del Estado Plurinacional, mediante decreto supremo ha dispuesto conmemorar el 8 de febrero como “DIA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”, en el entendido de que la transparencia y la lucha contra la corrupción, son pilares de su proyecto filosófico “Vivir bien”.

Si bien, como se sabe, el artículo 38 de la Constitución Política del Estado institucionaliza "la plena transparencia en la gestión pública, así como una lucha frontal contra la corrupción"; el gobierno, ha estado usando estos instrumentos como espada de Damocles para sus adversarios políticos; tanto dentro, como fuera del MAS. Lamentablemente, esta situación deja muchas interrogantes respecto del fin de estas medidas.

Nuestro país “galardonado” en alguna ocasión, como subcampeón de la corrupción, necesita montar mecanismos de control, que permitan disminuir los índices de corrupción, la Ley SAFCO, fue una medida inicial en este aspecto, pero como se dice “hecha la ley, hecha la trampa”, varios de los acusados de corrupción de las décadas pasadas, sortearon con bastante audacia, las sanciones que les imponía dicha ley.

En la actualidad, varias de las leyes apuntan a la corrupción, como el monstruo responsable de todos nuestros males y dotan al estado, de mecanismos draconianos, que caen incluso en desconocer, tratados internacionales que firmó Bolivia, tal el caso, que las leyes no pueden ser retroactivas. Por otro lado, muchas de estas leyes, ya no presumen la inocencia del acusado, sino lo condenan, sin que medie el debido proceso. Frente a esto, no hay ninguna medida de concienciación y de educación de la población en su conjunto, para enseñar que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos. Ahora los privilegiados, son los originarios de las 36 naciones encontradas por algún nuevo bolchevique, que quiso construir la “unión de naciones socialistas bolivianas”.

El pueblo boliviano saluda la lucha contra la corrupción, como mecanismo de transparentar el manejo del estado, pero son los gobernantes, los que deben dar señales del uso adecuado de estas medidas, generando los espacios para la división de poderes, dotando a la sociedad civil, de mecanismos de consulta y de decisión, para que sea esta parte importante de la lucha contra la corrupción.

La UAGRM, ha dado una muestra de que es posible manejarse dentro de estos cánones, al nombrar recientemente el Tribunal de Justicia Universitaria, entidad que velara por hacer cumplir las normas universitarias en todos sus estamentos.

Hagamos los esfuerzos como sociedad organizada, para que la lucha contra la corrupción no sea un mecanismo de amedrentamiento político, sino una consigna, que ayude a nuestra sociedad a avizorar un mañana de realizaciones y abundancia.

Santa Cruz, 8 de Febrero del 2011

Ing. Ivan Vladhislav Selaya Garvizu
Decano Facultad Politécnica.