El Gobierno del Estado Plurinacional, mediante decreto supremo ha dispuesto conmemorar el 8 de febrero como “DIA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”, en el entendido de que la transparencia y la lucha contra la corrupción, son pilares de su proyecto filosófico “Vivir bien”.
Si bien, como se sabe, el artículo 38 de la Constitución Política del Estado institucionaliza "la plena transparencia en la gestión pública, así como una lucha frontal contra la corrupción"; el gobierno, ha estado usando estos instrumentos como espada de Damocles para sus adversarios políticos; tanto dentro, como fuera del MAS. Lamentablemente, esta situación deja muchas interrogantes respecto del fin de estas medidas.
Nuestro país “galardonado” en alguna ocasión, como subcampeón de la corrupción, necesita montar mecanismos de control, que permitan disminuir los índices de corrupción, la Ley SAFCO, fue una medida inicial en este aspecto, pero como se dice “hecha la ley, hecha la trampa”, varios de los acusados de corrupción de las décadas pasadas, sortearon con bastante audacia, las sanciones que les imponía dicha ley.
En la actualidad, varias de las leyes apuntan a la corrupción, como el monstruo responsable de todos nuestros males y dotan al estado, de mecanismos draconianos, que caen incluso en desconocer, tratados internacionales que firmó Bolivia, tal el caso, que las leyes no pueden ser retroactivas. Por otro lado, muchas de estas leyes, ya no presumen la inocencia del acusado, sino lo condenan, sin que medie el debido proceso. Frente a esto, no hay ninguna medida de concienciación y de educación de la población en su conjunto, para enseñar que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos. Ahora los privilegiados, son los originarios de las 36 naciones encontradas por algún nuevo bolchevique, que quiso construir la “unión de naciones socialistas bolivianas”.
El pueblo boliviano saluda la lucha contra la corrupción, como mecanismo de transparentar el manejo del estado, pero son los gobernantes, los que deben dar señales del uso adecuado de estas medidas, generando los espacios para la división de poderes, dotando a la sociedad civil, de mecanismos de consulta y de decisión, para que sea esta parte importante de la lucha contra la corrupción.
La UAGRM, ha dado una muestra de que es posible manejarse dentro de estos cánones, al nombrar recientemente el Tribunal de Justicia Universitaria, entidad que velara por hacer cumplir las normas universitarias en todos sus estamentos.
Hagamos los esfuerzos como sociedad organizada, para que la lucha contra la corrupción no sea un mecanismo de amedrentamiento político, sino una consigna, que ayude a nuestra sociedad a avizorar un mañana de realizaciones y abundancia.
Santa Cruz, 8 de Febrero del 2011
Ing. Ivan Vladhislav Selaya Garvizu
Decano Facultad Politécnica.
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